Así lo informó Ignacio Villarroel, presidente de la Comisión de Legales de River. Explicó que sólo se denunció al expresidente porque la responsabilidad por administración fraudulenta recae sí o sí sobre el mandamás del club en ese entonces y remarcó que será la Justicia la que determinará si habrá más involucrados.

Comenzó oficialmente el proceso judicial de River contra Daniel Passarella. El domicilio y una oficina del expresidente del club fueron allanados ayer por la Justicia, que buscará comprobar la denuncia que realizaron Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito en representación de la actual Comisión Directiva.

De confirmarse la culpabilidad de Passarella en la administración fraudulenta que denunció la dirigencia durante el ciclo 2009-2013, el exdefensor afrontará penas que podrían llegar hasta varios años de prisión.

“Nosotros la denuncia que hemos planteado es por administración fraudulenta, que abarca de un mes a seis años de prisión. Después, en base a las pruebas se determinará cuánto será para este caso”, anunció Ignacio Villarroel presidente de la Comisión de Legales de River, en declaraciones a Sportia, por TyC Sports.

El abogado explicó por qué no se denunció a otros dirigentes: “Nosotros no de manera caprichosa hemos hecho una denuncia al expresidente Daniel Passarella. Esto es porque Passarella fue el presidente del club y la responsabilidad por la administración del club recaía sobre él, sea Passarella u otro. Después, si se involucraron otros dirigentes, la Justicia verá”.

“Entendemos que a esta situación (económica y financiera del River) no se llevó por arte de magia, sino por inoperancia por parte de la gente que dirigía el club y por irregularidades. Más allá del trabajo de los abogados, en la gestión del día a día nos encontramos con las irregularidades”, agregó.

Villarroel aclaró que no hay tiempos estimados para un veredicto. “Es difícil determinarlo, porque la Justicia tiene sus tiempos y queremos dar absoluta libertad a los que hoy están trabajando en esto. Nuestro objetivo es llegar a la verdad, lo que queremos es que si hubo una administración fraudulenta, el culpable tenga la sanción que corresponde”, concluyó.

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